Análisis jurídico-social y evaluación de la eficacia de las medidas de fomento del empleo juvenil

Abstract

El objeto de estudio de esta investigación es realizar un análisis y una evaluación de la eficacia de las políticas de fomento del empleo juvenil en el logro de su objetivo principal, que es la creación de empleo; y el mismo se centrará fundamentalmente en las diferentes medidas implantadas por la Administración para el fomento de dicho empleo juvenil; es decir, un análisis de estos concretos aspectos de política económica desde el enfoque jurídico-social de justicia. Así en una primera parte se describirá el entorno socioeconómico español analizando las principales causas y elementos que inciden en la problemática del empleo juvenil. Asimismo se realizará un estudio del marco jurídico esencial del tratamiento del problema del desempleo juvenil en el ámbito nacional e internacional, con el fin de que pueda valorarse adecuadamente tanto la protección que al empleo y al desempleo se le dan en nuestro ordenamiento jurídico, ya que esta comprensión nos resultará crucial para comprender por qué se adoptan determinadas soluciones para afrontar el problema del desempleo juvenil y por qué otras no tienen cabida en nuestro marco constitucional.

En la segunda parte, constituyendo la parte esencial de la tesis, se abordará el tratamiento (escaso, hay que hacer notar ya desde aquí) de la evaluación de políticas de empleo juvenil; dentro de este apartado se realizará un estudio de los mecanismos de evaluación de políticas de empleo que son impulsadas desde la Unión Europea y otros modelos que se hayan aplicado aunque sea parcialmente en España; terminaremos esta parte con un diseño propio de un modelo de evaluación para políticas de empleo con la descripción de una serie de indicadores de evaluación para las diferentes tipos de políticas de fomento de empleo juvenil y que con posterioridad en la siguiente se procederá a aplicar.

Esta tercera parte comprenderá una descripción de las diferentes medidas que han sido impulsadas por las Administraciones. Se comenzará con una descripción de la estructura administrativa relacionada con el entorno del empleo juvenil, así como un somero análisis de la competencia en materia de empleo en España, tanto en su definición como su reparto, entre todas las Administraciones que están en ella, Administración Central, Autonómica y Municipal entre las que también se incluirá el papel que juegan las Diputaciones. Por otro lado, obviamente, se comentará el papel central que la Unión Europea ha tenido y está teniendo en los últimos años en la definición de los objetivos de esas políticas públicas, determinando directrices de contenido económico y social que los Estados se ven obligados a cumplir, así como en el papel que los fondos de la Unión Europea, han tenido, en la lucha contra el desempleo. Esta descripción tanto de la competencia de empleo supone la primera política activa de empleo, y como tal ella misma debe ser evaluada con los indicadores específicos que para ella a tal fin crearemos, todo ello que la eficacia de la organización administrativa de la competencia influya en la eficacia de las políticas de fomento del empleo que ejecuta directamente la Administración.

Seguidamente, se describirán y analizarán los dos principales ejes que las Administraciones han utilizado para la luchar contra el desempleo juvenil. Comenzando por una parte, la potenciación de la formación de los trabajadores actuales mediante los instrumentos de formación continua, así como la de los desempleados a través de la formación para el desempleo, (a la vez que se quiere el desarrollo de un sistema educativo moderno y competitivo en todas su niveles, tanto desde la enseñanza obligatoria, como en sus niveles superiores sean las universitarias o en el nivel de formación profesional y que pretenden todas ellas adaptar la cualificación de los trabajadores a las necesidades presente y futuras del modelo productivo). Además de estas políticas de formación como medidas de lucha contra el desempleo juvenil, también se analizarán las medidas de fomento de la contratación de jóvenes españoles, tales como las subvenciones a la contratación de jóvenes ofertadas por la Administración, consistentes en, o bien una disminución de los costes de la Seguridad Social durante un determinado tiempo, en el que permanece contratado el joven por la empresa receptora de la subvención, o bien una cantidad fija ofrecida a la empresa, que disminuye los costes de Seguridad social o bien disminuye las cuotas del impuesto de sociedades que la misma tiene que pagar a la Administración tributaria, funcionando en este caso la medida de fomento del empleo como una deducción fiscal más. Además de estas medidas, la Administración también promueve el empleo juvenil, mediante la creación de modalidades contractuales que favorezcan la contratación de jóvenes como el contrato de formación o los contratos en prácticas o el contrato de fomento de emprendedores, o los contratos indefinidos de fomento de la contratación indefinida. Todos estas medidas pretenden, por una parte, flexibilizar la contratación de jóvenes (de modo que permitan tanto el despido del joven tras un periodo de prueba o por haber pasado por una modalidad de contratación destinado a ese fin, o por fijar la norma una indemnización de despido baja o inexistente); y por otra parte permiten pagar unos salarios más bajos que los que corresponden a un trabajador de más edad, que se supone tiene una mayor capacitación y experiencia, y por tanto generan unas productividades mayores que las que genera un joven recién incorporado al mundo laboral. Para finalizar con las medidas de fomento del empleo juvenil, no se puede dejar de hacer mención al impulso al emprendimiento juvenil como vía para la creación de empleo, así como salida a la propia situación del desempleo, lo que parece haberse convertido eje esencial de respuesta de las Administraciones a la lucha contra el desempleo juvenil.