En España, es en la última década del siglo pasado cuando la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja pasa a ser una cuestión prioritaria (Gracia y Tomás, 2014), hecho que se traduce en la introducción de diversas iniciativas de actuación y reformas legales (Vives-Cases, 2006). La entrada en vigor de la Ley Integral 1/2004 supone la puesta en marcha de un importante conjunto de actuaciones y estrategias de educación pública, prevención y reducción de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.
Algunos ejemplos de las estrategias contempladas en la ley son la creación del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer, o una clara apuesta por la especialización judicial, con la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Además, en el Título IV de dicha ley se introducen normas de carácter penal. Así, a la vez que se endurecen las penas en relación a los delitos por violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, se insta a las administraciones penitenciarias a que proporcionen a los internos condenados por este tipo de delitos programas que fomenten el desarrollo de habilidades para evitar la conducta que les ha llevado a ser encarcelados. Igualmente, para aquellos condenados a pena de prisión a los que se les suspende el ingreso debido a que dicha pena es inferior a dos años de cárcel y a que no tienen antecedentes penales, se les condiciona dicha suspensión a su asistencia a “programas formativos” en materia de violencia de género. A diferencia de los programas desarrollados en prisión, donde la asistencia de los internos a los programas de intervención es voluntaria, en los programas desarrollados en medio comunitario, estos acuden por mandato judicial y la asistencia es, por lo tanto, obligatoria.
No es de extrañar, por lo tanto que, aunque en España ya existían desde finales de los años 90 algunos programas de intervención con maltratadores en medio abierto, sea a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 cuando se produzca un importante y rápido incremento del número de programas de intervención con maltratadores en medio comunitario. Entre los programas que nacen a partir de este nuevo marco legal en España destaca el Programa Contexto (Lila et al., 2010). Se trata de un programa en el que se desarrollan tres ejes fundamentales: investigación, formación e intervención. Este programa, descrito en el Manual de Intervención con Maltratadores (Lila, García y Lorenzo, 2010), se basa en el modelo ecológico (Heise, 1998, 2011), modelo teórico recomendado por la OMS (Dahlberg y Krug, 2002). El objetivo principal del programa es reducir los factores de riesgo e incrementar los factores protectores en relación a la conducta violenta contra la mujer en las relaciones de pareja, teniendo en cuenta cuatro niveles de análisis: individual, interpersonal, situacional y macrosocial (Lila et al., 2010, 2013, 2014).
El programa comienza con una fase de evaluación en la que, por una parte, se aplica una batería de test estandarizados y medidas de autoinforme y, por otra, se realizan una entrevista en profundidad y dos entrevistas motivacionales. Los objetivos prioritarios de la fase de evaluación son la obtención de información, la verificación del cumplimiento de los requisitos para la inclusión en el programa y la potenciación de la motivación para la participación en el mismo.
A continuación, se inicia la fase de intervención que consiste en siete módulos desarrollados en 30 sesiones semanales de dos horas de duración. Se trata, por tanto, de una intervención grupal prolongada, consistente con los estándares recomendados en algunos meta-análisis previos (Austin y Dankwort, 1999; Babcock et al., 2004). Los grupos son cerrados (no se admiten nuevos integrantes una vez comenzado un grupo) y están compuestos por 10-12 participantes. Todos los grupos son conducidos por dos profesionales. En los siete módulos se trabaja, entre otros métodos, con dinámicas grupales, presentación de contenidos y conceptos clave, debates grupales, ejercicios guiados, estudio de casos, role-playing, videos, tareas para casa y entrenamiento en estrategias y técnicas psicológicas (e.g., restructuración cognitiva, habilidades de manejo de emociones). El primer módulo tiene como objetivo prioritario la creación de un clima de confianza para el trabajo en grupo y el establecimiento de las normas de funcionamiento grupal. Además, en este primer módulo los participantes relatan y comparten con el resto de componentes del grupo los hechos que les han llevado a estar condenados. En el segundo módulo se trabajan y establecen conceptos básicos para el trabajo posterior (qué es violencia en las relaciones de pareja, qué tipos de violencia existen, factores de riesgo, etc.). Se introducen y explican los conceptos recogidos en la ley y su situación legal. En este módulo es cuando se inician las actividades encaminadas a eliminar las distorsiones y justificaciones de su situación (e.g., negación, minimización, culpabilización de la víctima) y potenciar la asunción de responsabilidad por su propia conducta (trabajo que continua a lo largo de toda la intervención). Desde el módulo tercero al módulo sexto las sesiones se dedican a la potenciación de recursos y competencias, así como a la reducción de factores de riesgo a nivel individual (módulo tercero; e.g., entrenamiento en técnicas de control emocional o establecimiento de un autoconcepto y autoestima adecuados y ajustados a la realidad), a nivel interpersonal (módulo cuarto; e.g., entrenamiento en habilidades de comunicación positiva en las relaciones íntimas o toma de conciencia de los efectos de la violencia de pareja en los hijos), a nivel situacional (módulo quinto; e.g., reducción del aislamiento social fomentando el incremento de la participación e integración en la comunidad) y a nivel sociocultural (módulo sexto; e.g., cuestionamiento de los roles de género y las actitudes sexistas o potenciación de la codomesticidad). En el módulo séptimo las sesiones se destinan a la prevención de recaídas y el refuerzo de las estrategias adquiridas.
Una vez finalizada la intervención comienza la fase de seguimiento. Esta tiene una duración de 18 meses a partir de la finalización del programa, con seis sesiones de seguimiento cada tres meses (tres llamadas telefónicas y tres sesiones presenciales, de forma alterna).