La paralización de procesos y la extensión de efectos: armas (in)suficientes para luchar contra la ineficiencia de la justicia civil

Abstract

La actual situación de la administración de justicia desbordada por el volumen de asuntos y la falta de medios ha llevado al legislador a implementar nuevos mecanismos en un intento conseguir que la justicia civil sea más eficiente. En este orden de ideas, el legislador ha introducido a través del RD 6/2023, dos figuras aplicables esencialmente a la litigación con consumidores. Por un lado, una situación jurídica consistente en la paralización de todos aquellos procesos que sean sustancialmente idénticos en tanto se tramita uno sólo que tendrá el carácter preferente. A este proceso se le denominará testigo. Por otro lado, en sede de ejecución se regula la posibilidad de que la sentencia dictada en un proceso pueda aplicarse a otros con los que guarda identidad, bien porque estuvo suspendido mientras se tramitaba otro con carácter preferente o bien porque considera que se encuentra en el mismo supuesto de hecho que el reconocido en la sentencia cuya extensión se solicita. Ambas instituciones comparten presupuestos y requisitos. En el presente trabajo se realiza un análisis detallado de ambas instituciones en un intento de dilucidar si realmente van a conseguir su objetivo o si el intento del legislador va a quedar reducido a la nada. En este sentido, una vez analizados los posibles problemas que la nueva regulación plantea, se aborda una propuesta para mejorarla. A través de estas propuestas se trata de dotar a ambas figuras de una mayor eficacia en la lucha contra la ineficiencia de la administración de justicia.